Alcance
Esta norma establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de cumplimiento penal y los elementos de un sistema de gestión de cumplimiento penal en las organizaciones.NOTA Una política de cumplimiento penal se puede establecer de manera independiente, o estar integrada en una política de cumplimiento de mayor alcance, esto es, no limitada al ámbito penal. Análogamente, un sistema de gestión de cumplimiento penal se puede establecer de manera independiente, o integrado en un modelo de cumplimiento de mayor alcance, esto es, no limitado al ámbito penal.La norma es particularmente aplicable en el contexto de sistemas de gestión y control sobre riesgos penales, estableciendo requisitos y directrices para disponer de modelos alineados con lo que exige la legislación penal aplicable a los sistemas de control y gestión para la prevención y detección de delitos, tanto en su forma como en su fondo.Sin perjuicio de lo anterior, esta norma puede también ser de utilidad para establecer sistemas de control y gestión para la prevención y detección de delitos cometidos en el contexto de las actividades empresariales, aunque no comparten la responsabilidad penal de la persona jurídica en el país ni concurran en organizaciones nacionales.Esta norma es aplicable a cualquier organización, con independencia de su tipo, tamaño, naturaleza en los sectores privado o público, y en las actividades desarrolladas, tanto por los miembros de la organización, como por socios de negocio que actúen, tanto unos como otros, siguiendo instrucciones de la organización, representándola o en su beneficio.Esta norma no se proyecta específicamente sobre riesgos que hallándose relacionados con la esfera penal o suponiendo incumplimientos de la normativa, no guardan relación directa con ilícitos penales cometidos con el objetivo de beneficiar a la persona jurídica, como pueda ser el riesgo de fraude en perjuicio de la organización. No obstante, la organización puede decidir extender el alcance, tanto de la política de cumplimiento penal, como del sistema de gestión de cumplimiento penal a estas esferas, en caso de que le resulte de utilidad.Estos requisitos se deben aplicar de manera proporcional a cada supuesto según las circunstancias que se especifi can en 4.1, 4.2 y 6.2 de esta norma.Si la totalidad o parte de los requisitos establecidos en esta norma entrase en conflicto o estuviese prohibida por alguna disposición legal o criterio jurisprudencial, la organización no estará obligada con el mismo o su parte afectada.Las declaraciones de conformidad con esta norma no son aceptables a menos que todos los requisitos estén incorporados en el sistema de gestión de cumplimiento penal de la organización y se cumplan sin exclusiones.